El Gobierno regula la 'garantía de seguros' para grandes obras públicas

Nueva directiva exige la compra de pólizas que garanticen hasta el 30% del valor de las obras e incluye cláusula de reanudación.

El gobierno federal está en proceso de reglamentar nuevas directrices para el seguro de caución, mecanismo que obligará a las empresas que ganen licitaciones de obras públicas con inversiones superiores a R$ 200 millones a contratar pólizas que aseguren hasta el 30% del valor total de la obra.

Una de las principales novedades de este seguro será la inclusión de una “cláusula de reanudación”, que responsabiliza a la aseguradora de finalizar el proyecto si el contratista no puede terminar la obra por cualquier motivo.

Esta exigencia fue propuesta en la nueva Ley de Licitaciones (14.133/2021), pero aún se espera un acto normativo que permita su implementación en los contratos federales.

Actualmente, el escenario en el sector de infraestructura está marcado por la escasez de seguros, realidad que ha impactado negativamente en las obras, muchas de las cuales se encuentran paralizadas. Dyogo Oliveira, presidente de CNseg (Confederación Nacional de Compañías de Seguros Generales), destaca que “la infraestructura brasileña está desprovista de seguros. Este requisito no está claramente presentado en los avisos públicos, a diferencia de lo que sucede en países como Estados Unidos y Europa. “La regulación puede transformar significativamente esta situación en Brasil”.

Algunos estados, como Mato Grosso, Pernambuco y Paraná, ya han comenzado a implementar este tipo de contrataciones a nivel local. Según Oliveira, actualmente el volumen de seguros en infraestructura es prácticamente inexistente.

Información obtenida por Folha indica que la reglamentación de la fianza fue discutida en reuniones entre miembros del Ministerio de Hacienda y el nuevo presidente de la Cámara de Diputados, Hugo Motta (Republicanos-PB.

El MGI (Ministerio de Gestión e Innovación en los Servicios Públicos) también está siguiendo este tema, publicando la normativa relacionada con la nueva ley desde su promulgación. En un comunicado, el MGI destacó que priorizó normas consideradas inicialmente más urgentes y que la reglamentación de la póliza de caución es un tema innovador que requiere diálogo con varios sectores, entre ellos el Tesoro y la CNSeg, además de la Susep (Superintendencia de Seguros Privados), la AGU (Procuraduría General de la República) y el Dnit (Departamento Nacional de Infraestructura de Transportes) , principal contratista de la obra pública federal.

Actualmente, las pólizas contratadas por las compañías sólo garantizan hasta el 5% del valor total de la obra y no ofrecen ninguna seguridad respecto a su finalización. Esta falta de garantías contribuye al aumento de obras paralizadas: datos del TCU (Tribunal de Cuentas de la Unión) indican que en 2024 se identificaron 11.941 obras sin avance en Brasil, lo que representa el 52% de los contratos vigentes.

Los sectores de educación y salud son los más afectados, con 8.674 proyectos paralizados en estas áreas, lo que corresponde al 72,6% del total. En la mayoría de los casos no existe ningún seguro que garantice la continuidad de estas obras.

El subsecretario de Regulación Financiera del Ministerio de Finanzas, Vinicius Brandi, considera que la nueva norma dará mayor agilidad y eficiencia en la ejecución de obras públicas interrumpidas por el impago de los contratistas originales. Anunció que se realizan nuevos estudios para perfeccionar el texto legal, con el objetivo de aumentar la participación de las compañías de seguros en los llamados y fomentar la sana competencia, lo que se traducirá en menores costos de contratación.

Entre los temas que se abordarán está la definición de las circunstancias en las que las aseguradoras reanudarán labores. Según Brandi, se espera que el costo del seguro disminuya porque la legislación ofrece incentivos para que las aseguradoras asuman estos proyectos. El objetivo es que los costes de reanudación de las obras sean inferiores al 30% estipulado como compensación.

Roque Melo, presidente de la Comisión de Crédito y Garantías de FenSeg (Federación Nacional de Seguros Generales, refuerza que una nueva regulación federal será crucial para facilitar la contratación de este tipo de seguros en las obras públicas. “Tendremos lineamientos más claros para los agentes públicos”, afirma Melo.

La revisión de la normativa también está influyendo en la estructuración de las compañías de seguros; Hay alrededor de 40 empresas con el perfil adecuado para operar en este segmento, tres de las cuales ya prestan servicios bajo contratos específicos.

CNseg informa que actualmente se espera ejecutar contratos por aproximadamente R$ 2 mil millones con base en la póliza de garantía. Los ejemplos incluyen avisos en Belém (PA) para estructuras para la COP30 (30ª Conferencia de las Partes sobre Cambio Climático), que prevén una política del 30%, además de licitaciones en Pernambuco y São Paulo para grandes proyectos de vivienda.

Mato Grosso se destaca por implementar una ley estatal que exige ese criterio para licitaciones superiores a R$ 50 millones, siendo pionero en introducir la cláusula de reanudación en sus contratos. Hasta el momento se han firmado cinco contratos en el estado por un valor total de R$ 454 millones.