El sector asegurador reacciona a la nueva ley que exige inversiones en créditos de carbono

La nueva ley que establece el mercado regulado de carbono en Brasil ha generado alarma entre aseguradoras, reaseguradoras, entidades de pensiones abiertas y compañías de capitalización. Como se reveló en un artículo publicado por Valor Econômico el 30 de junio, el artículo 56 de la Ley n.º 15.042/2024 exige que estas instituciones destinen al menos el 0,5 % de sus reservas técnicas anuales a la compra de créditos de carbono, activos ambientales utilizados para compensar las emisiones de gases de efecto invernadero.

Según estimaciones del propio sector, la medida podría representar una facturación de hasta R$9 mil millones anuales. Para CNseg, la entidad que representa a las aseguradoras brasileñas, la imposición se considera inconstitucional y pone en riesgo la estabilidad financiera de las empresas. «Esta obligación pone en riesgo la solvencia de las empresas y, en la práctica, es inaplicable», declaró a Valor Econômico el director técnico de CNseg, Alexandre Leal.

La confederación interpuso una Acción Directa de Inconstitucionalidad (ADI) ante el Supremo Tribunal Federal en marzo de este año, solicitando la eliminación del artículo de la legislación. Hasta el momento, no existe una definición sobre la sentencia ni disposiciones que establezcan sanciones para las empresas que incumplan con el requisito.

Preocupación por la forma, no por la agenda ambiental

Según Valor Econômico, la crítica del sector no se centra en el tema ambiental, sino en la forma en que se estructuró el requisito. «Millones de brasileños, al contratar uno de estos productos, tienen la certeza de que las empresas gestionarán sus activos financieros de forma responsable, para que estén disponibles cuando los necesiten», explicó Leal.

CNseg afirma que los créditos de carbono aún no ofrecen seguridad, liquidez ni estandarización, lo que comprometería la gestión responsable de las reservas técnicas. Actualmente, el mercado nacional de créditos de carbono mueve solo alrededor de R$1.000 millones al año, según el informe. La discrepancia entre la oferta actual y la demanda impuesta por la ley preocupa a los expertos.

Los expertos reconocen el potencial, pero advierten de los riesgos

Valor Econômico también conversó con expertos que defienden el potencial de los créditos de carbono como instrumento para promover la economía verde, pero que reconocen la fragilidad de la infraestructura actual. «Actualmente, no hay suficiente crédito, pero en cinco o seis años podremos alcanzar los volúmenes necesarios. La ley serviría como impulsor de la demanda», evaluó Ronaldo Seroa, economista de la UERJ y uno de los autores de la propuesta legal.

Según él, la entrada de grandes compradores, como las aseguradoras, ayudaría a impulsar el mercado y a estimular proyectos a gran escala, especialmente los llamados “créditos jurisdiccionales”, vinculados a iniciativas de los gobiernos estatales en la Amazonía. Aun así, Seroa reconoce la falta de regulación: “Necesitamos mecanismos que incentiven económicamente la reducción de emisiones. Así es como creamos un mercado y cumplimos los objetivos climáticos”.

El sector propone alternativas más seguras

El artículo de Valor Econômico también destaca que, a pesar de ser un aliado de la agenda ambiental, el sector asegurador propone maneras más viables de apoyar la transición verde sin comprometer sus compromisos con los asegurados. Un ejemplo es la inversión en bonos verdes soberanos, que ofrecen mayor liquidez, transparencia y diversidad de proyectos financiables.

Para CNseg, la obligatoriedad de la ley viola principios constitucionales como la libre empresa, la competencia, la proporcionalidad, la seguridad jurídica y la libertad económica. «Es una propuesta discriminatoria, prohibida por la Constitución Federal, ya que solo afecta al sector asegurador», concluyó Leal a Valor Econômico.

Lo que el bróker necesita monitorear

Si bien el debate se centra en el ámbito legal y regulatorio, los corredores de seguros deben ser conscientes de las consecuencias de la medida, como destaca Valor Econômico. Si el requisito sigue adelante, podría tener impactos en la asignación de recursos por parte de las aseguradoras, el desarrollo de nuevos productos y el precio de las coberturas. Además, la agenda ambiental y de ESG seguirá creciendo, y los corredores bien informados tendrán más argumentos para mostrar a sus clientes cómo el sector puede contribuir responsablemente a la sostenibilidad.