La Susep (Superintendencia de Seguros Privados) endurece multas e inhabilitaciones en el sector asegurador
En una consulta pública lanzada en noviembre, la Superintendencia de Seguros Privados (Susep) propuso cambios profundos a su régimen sancionador. Entre los puntos más relevantes se encuentran el aumento del límite máximo de las multas administrativas a R$ 35 millones y la extensión del período de inhabilitación para operar en el mercado hasta 20 años. Para el sector asegurador, estos cambios representan un avance significativo en términos de exposición regulatoria, impactando directamente la planificación estratégica de las compañías y corredores de seguros, especialmente los más pequeños.
“Lo que cambia en la práctica es la magnitud de las sanciones financieras y la necesidad de adaptar de inmediato los presupuestos y la planificación de las empresas”, explica Thomaz Kastrup, socio del área de Banca, Seguros y Finanzas de Machado Meyer. Según él, hasta ahora, las multas aplicadas por la Susep eran relativamente bajas en comparación con los ingresos del mercado, a diferencia de otros organismos reguladores como el Banco Central y la CVM. “Ahora, las empresas más pequeñas podrían tener que revisar rápidamente sus estrategias si se enfrentan a las sanciones previstas en la nueva normativa”, advierte.
La perspectiva de la prevención, un elemento central del universo asegurador, debería impulsar las inversiones en cumplimiento normativo, controles internos y monitoreo. Kastrup señala que las aseguradoras y los grandes corredores tienden a asignar más recursos a estas áreas para identificar y abordar los riesgos de incumplimiento antes de que se conviertan en problemas regulatorios. Simultáneamente, el fortalecimiento del régimen sancionador aumenta el poder de negociación de la Susep para influir en los estándares de conducta, particularmente en el contexto de la innovación, como los seguros abiertos. “La infracción por incumplimiento de las obligaciones de seguros abiertos ya tiene un valor de referencia de R$ 150.000. Para los agentes del segmento S1, la multa base puede alcanzar los R$ 750.000, sin considerar aumentos ni factores agravantes, superando el límite máximo para varias infracciones actuales”, explica Kastrup.
El endurecimiento del régimen de sanciones sitúa a Brasil en un nivel diferente al de los mercados desarrollados. Si bien acerca los parámetros de las sanciones a los estándares aplicados por otros organismos nacionales, el nuevo límite es mucho más alto que el que se aplica en jurisdicciones internacionales. En Singapur, las multas administrativas según la Ley de Seguros rondan el millón de reales; en Canadá, alcanzan aproximadamente los 850.000 reales. En Estados Unidos, las multas multimillonarias generalmente se derivan de faltas sistemáticas y graves. «El aumento del límite actual a 35 millones de reales representa un extremo, e idealmente habría un punto medio entre los valores actuales y el límite propuesto», observa Kastrup.
Las prácticas con mayor probabilidad de verse afectadas incluyen operaciones sin licencia, fallas de gobernanza, retención de información y controles internos inadecuados. “Las fallas operativas dentro de las operaciones regulares, como la negligencia en los controles internos, pueden generar multas de cientos de miles o millones para las empresas clasificadas en el segmento S1”, explica. El efecto en los pequeños corredores y las empresas independientes es aún más significativo. Multas consideradas razonables para las grandes aseguradoras pueden representar, para las empresas más pequeñas, las ganancias de un año entero, lo que crea barreras de entrada y presiona la concentración del mercado.
El breve plazo de 20 días para la consulta pública también supone un reto. «El debate cualificado está limitado por el tiempo, sobre todo teniendo en cuenta que el proyecto de ley promueve cambios sustanciales, altera la lógica punitiva, aumenta las multas y complica el proceso administrativo», afirma Kastrup. Aboga por un mayor detalle, con criterios objetivos para la determinación de las sanciones, a fin de reducir la incertidumbre jurídica y facilitar la eventual revisión judicial.
Instrumentos como los acuerdos transaccionales cobran relevancia ante el endurecimiento de las sanciones. Kastrup destaca que los acuerdos administrativos pueden reducir la litigiosidad, agilizar los procesos y tener un efecto educativo en el mercado. «Las infracciones ya resueltas o de menor gravedad pueden abordarse mediante acuerdos transaccionales, evitando la imposición de multas elevadas», explica. Se prevé un aumento en la adopción de estos instrumentos, impulsada por el temor de las empresas a enfrentarse a sanciones sustanciales en procesos largos.
Para el mercado, el mensaje es claro: fortalecer el cumplimiento normativo, la auditoría y el control interno no es opcional. Históricamente, las infracciones contables y actuariales, los incumplimientos del deber de divulgación de información y las fallas de control interno han representado la mayoría de los procesos sancionadores. Con el nuevo régimen, estas áreas siguen siendo puntos críticos que requieren mayor atención.
El endurecimiento de la normativa, previsto por la Ley Complementaria 213/2025, ya se preveía, pero el proyecto en consulta pública aporta novedades significativas. Los elevados valores de referencia para la aplicación de multas, combinados con factores multiplicadores, generan efectos financieros que pueden comprometer la continuidad de las operaciones más pequeñas, favoreciendo a las grandes empresas y reforzando la concentración del sector.
“Antes de enero de 2026, fecha de entrada en vigor del nuevo régimen, es crucial que todas las empresas supervisadas revisen sus procedimientos internos, fortalezcan la capacitación y amplíen los sistemas de monitoreo, buscando reducir la exposición y evitar sorpresas regulatorias”, recomienda Kastrup. En resumen, la norma redefine los estándares de sanciones en Brasil, refuerza la supervisión y crea un entorno donde el cumplimiento normativo y el gobierno corporativo dejan de ser meras buenas prácticas y se convierten en instrumentos esenciales para la supervivencia en el mercado.