La pena por el delito de malversación de fondos debe aumentarse en un tercio si el delito se comete contra una entidad de derecho público, un instituto de economía popular, asistencia social o beneficencia, o una persona jurídica de derecho público o privado que opere una plan de atención médica. Así lo establece el proyecto de ley que modifica el Código Penal y que está siendo analizado por la Comisión de Constitución y Ciudadanía de la Cámara.

“Hay un gran número de fraudes en procedimientos de reembolso, consultas y exámenes que nunca existieron, la práctica del reembolso sin desembolso, la fragmentación de los honorarios de consultas por fraude contractual, entre otros fraudes”, argumenta el autor de la propuesta, el diputado Pinheirinho (PP). -MG).

Añade que los estafadores incluso crean empresas fantasmas que no existen en la dirección física y utilizan intermediarios como beneficiarios, así como falsos proveedores de servicios médicos.

El diputado también cita un estudio realizado por el Instituto de Estudios Suplementarios en Salud (IESS) según el cual alrededor de R$ 28 mil millones de gastos de los operadores en 2017 se debieron a fraudes y procedimientos innecesarios.

Propuesta aumenta pena por fraude de seguro médico