Seguros de vida: proyecto de ley prohíbe ajustes para personas mayores
De ser sancionada, la ley beneficiará a personas mayores de 60 años. La propuesta fue aprobada por la Comisión de Defensa de los Derechos de la Persona Mayor de la Cámara de Diputados, en diciembre, y espera aprobación en la Cámara y el Senado
El proyecto de ley 754/24 que prevé la prohibición de reajustes en las cuotas de los seguros de vida para personas mayores de 60 años, fue aprobado por la Comisión de Defensa de los Derechos de las Personas Mayores de la Cámara de Diputados en diciembre de 2024.
El texto sustitutivo, presentado por el relator de la comisión, el diputado federal Sargento Portugal (Pode-RJ), modificó la propuesta original indicada por el diputado federal Jonas Donizette (PSB-SP), que preveía cambios en el Código Civil.
Para Gabriel Graffetti, especialista de Ginebra Seguros Empresariais la propuesta promueve la inclusión social y ofrece seguridad financiera al proteger a las personas mayores de aumentos significativos en una etapa de la vida en la que los ingresos suelen disminuir y los costos de atención sanitaria tienden a aumentar.
“La medida permite que más personas mayores mantengan el acceso a este tipo de protección y refuerza los principios del Estatuto de las Personas Mayores, que defiende condiciones justas e iguales para las personas de este grupo de edad”, señala Graffetti.
El Estatuto de las Personas Mayores prohíbe la discriminación por edad en los contratos y servicios para garantizar un trato equitativo y el respeto a la dignidad de las personas mayores. La propuesta aprobada beneficia a las personas mayores que hayan mantenido su contrato de seguro durante al menos diez años consecutivos con la misma aseguradora.
Según el experto, la iniciativa también apunta a la necesidad de repensar las políticas públicas y soluciones privadas que atiendan a la población mayor, en un escenario de envejecimiento poblacional. “Protecciones como esta ayudan a crear un entorno más justo y equilibrado para todos los ciudadanos”, afirma.
Cambios y consecuencias para el mercado asegurador
Según Graffetti, las aseguradoras aplican actualmente aumentos de primas en función de la edad y se justifican por el mayor riesgo asociado a la longevidad. Sin embargo, si se aprueba la ley, las aseguradoras deberán recalcular sus modelos de fijación de precios.
“Las compañías de seguros tendrán que revisar sus modelos actuariales para ajustar los cálculos de riesgo y fijación de precios, incorporando los costos de la población mayor. El cambio requerirá adaptación, pero también podría abrir nuevas oportunidades de mercado”, explica el experto.
Graffetti destaca que el PL limita la prohibición a ajustes basados exclusivamente en cambios de grupos de edad. Esto significa que se pueden seguir aplicando otro tipo de ajustes, como los motivados por la inflación, siempre y cuando respeten los estándares y límites establecidos por las regulaciones sectoriales. “La iniciativa tiene similitudes con la Ley de Planes de Salud , que ya regula aumentos para las personas mayores en el sector complementario de salud. Sin embargo, es esencial que el proyecto de ley de seguros de vida incluya regulaciones detalladas, para equilibrar la protección del consumidor y la sostenibilidad del sector”.
El profesional sostiene que la regulación específica del PL dependerá de ajustes que definan cómo se calcularán los ajustes permitidos, como en el caso de las tasas de inflación, y qué mecanismos se utilizarán para evitar que las aseguradoras dejen de ofrecer seguros a las personas mayores.
El experto también destaca que la nueva legislación puede requerir adaptaciones en los contratos actuales para garantizar su cumplimiento, lo que puede generar costos legales y administrativos. Sin embargo, también cree que las empresas podrán buscar alternativas, como repartir costes entre otros asegurados o utilizar diferentes estrategias para captar nuevos clientes.
El PL se tramita de manera concluyente, cuando se prescinde de la deliberación plenaria y el proyecto es votado únicamente por comisiones designadas para su análisis y, por tanto, será analizado por las comisiones de Constitución y de Justicia y Ciudadanía. Para convertirse en ley, el proyecto debe ser aprobado por la Cámara y el Senado.