La Ley de Contrato de Seguro, sancionada el 10 de diciembre de 2024 por el presidente Lula, establece un nuevo mercado regulador de los contratos de seguros en Brasil. La nueva legislación define reglas más claras sobre los derechos y deberes de las partes, los plazos para el pago de indemnizaciones, los criterios para la rescisión del contrato y las normas de comunicación entre aseguradoras y clientes. Sin embargo, para Cassio Gama, socio de Machado Meyer Advogados, la norma podría aumentar la litigiosidad en el mercado.

Según el experto, existe un reto para las aseguradoras y los actores del mercado adaptarse: “Es una ley que afecta la estructura organizacional, los procesos y los sistemas de las aseguradoras. “Tienen que adaptarse a unos plazos que son perentorios y no pueden flexibilizarse”. Esto se debe a que hay una serie de cambios en términos de cronología de suscripción, regulación y liquidación que es necesario respetar.

Ante esto, Gama cree que, ante cualquier tipo de cambio, especialmente para aquellos que no supieron adaptarse a tiempo, el poder judicial puede ser el único recurso efectivo. “El incentivo que existe en la ley para acudir a los tribunales es el incentivo de la ineficiencia de quienes no se han adaptado. En un escenario donde la ley aplica para todos, una ley que se viene discutiendo desde hace décadas, no hay razón para que las aseguradoras no se adapten y aprovechen la nueva ley”, puntualiza.

“Más que tener una actitud reactiva, el mercado debe tener una actitud ‘pronegocio’, analizando los matices de la ley y tratando de adaptarse en términos organizativos para brindar el mejor servicio al asegurado, cliente y corredor”, concluye.

Tras la implementación de la Ley de Contrato de Seguro, la judicialización puede ser una solución