Una sentencia da la razón a los bomberos de Madrid sobre los 40 millones aportados por Unespa
La Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM) ha dado la razón a los bomberos de la Comunidad de Madrid en su denuncia contra la Consejería de Economía, Hacienda y Empleo por desviar unos 40 millones de euros procedentes de las primas que ha recibido de Unespa entre los años 2019 y 2023.
Los bomberos recuerdan que este dinero es abonado por todos los ciudadanos de la Comunidad de Madrid en sus pólizas de seguros y que el recargo del 5% de las mismas se paga con la finalidad de que las aseguradoras lo recauden y se lo cedan a la administración competente para inversiones reales en el Cuerpo de Bomberos correspondiente.
El Tribunal estima el recurso de los bomberos, según el cual el Ejecutivo regional infringe la ley al no dirigir este dinero -íntegra y exclusivamente- a inversiones reales para mejorar el Servicio de Prevención y Extinción de Incendios, sino a partidas desconocidas o a otros gastos corrientes que nada tienen que ver con el servicio.
Tras la sentencia, los bomberos han pedido al Tribunal su complemento o subsanación, que aún está pendiente. A falta de conocer la decisión de la Sala sobre este complemento o subsanación de la sentencia, el sindicato de bomberos de la Comunidad de Madrid, federado en CSIT Unión Profesional, denuncia la incoherencia entre los ingresos por la contribución especial de Unespa y las inversiones reales, cuya sustracción tiene un impacto negativo en el servicio antiincendios y la seguridad y protección de los ciudadanos.
Este impacto se traduce, según el sindicato, en una merma de la respuesta operativa en tiempos de llegada con los recursos óptimos, así como en una falta de medios: hay días con más de 40 vehículos de baja, cuando si existiera un vehículo especial como una autoescala o un furgón de salvamento especial para accidentes de tráfico, bombas forestales… en todos los parques de bomberos no tendrían que acudir desde otro más lejano, provocando tardanza en la resolución de los siniestros. Los bomberos alertan de que, en ocasiones, estas demoras de tiempo pueden suponer salvar o no la vida de las víctimas.
También, añaden, hay falta de medios técnicos como equipos de separación y corte, o en vestuario trajes EPI. Y en infraestructuras se producen continuas denuncias a la Inspección de Trabajo con requerimientos incumplidos por mal estado desde goteras y ratas. «El despropósito culmina con la existencia de parques de bomberos prometidos que no se han construido».
El fallo del TSJ de Madrid «obliga ahora al Gobierno regional a efectuar inversiones reales y establece una correspondencia total entre el concepto de Servicios de Prevención, Extinción de incendios y Salvamentos con el Cuerpo de Bomberos. Esto es muy importante porque ataja cualquier intento de diluir las organizaciones de Bomberos dentro de otros entes y desviar el destino de estos ingresos, como puede ocurrir en el caso de la nueva Agencia de Seguridad y Emergencias, (ASEM) de la Comunidad de Madrid. Este temor motivó, entre otras cuestiones, que el 99% de la plantilla del Cuerpo de Bomberos de la Comunidad de Madrid rechazase formar parte de este nuevo ente público».
En paralelo, los bomberos explican que la Consejería de Medioambiente, Agricultura e Interior es legalmente la competente de la «gestión, liquidación y recaudación anual de esta contribución especial»; todo ello a propuesta de la Dirección General de Emergencias que, en este período, ha tenido hasta cinco titulares, siendo uno de ellos el actual Consejero.
Finalmente, destacan la importancia del recorrido de esta sentencia como base para futuras demandas judiciales. Y es que, a juicio de los bomberos, la constatación de los hechos denunciados puede ser clave en otras sentencias relacionadas con «la honesta y legal gestión de estos fondos públicos a sabiendas de forma inequívoca de cómo deben gestionarse».
