Consumo propone multar con 3,6 millones de euros a Alquiler Seguro: “En la vivienda se ha impuesto la ley de la selva”
El ministro de Consumo, Pablo Bustinduy, asegura que “ninguna empresa está por encima de la ley”
El Ministerio de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030 ha propuesto imponer una multa de 3,6 millones de euros a la empresa Alquiler Seguro tras la apertura el pasado marzo de un expediente sancionador por posibles prácticas abusivas contra inquilinos, entre otras, el cobro de comisiones ilegales o la obligación de contratar servicios adicionales.
Así lo ha adelantado este lunes FACUA-Consumidores en Acción y confirmado posteriormente el ministro del ramo, Pablo Bustinduy, en una entrevista en La Hora de la 1 de TVE. “El Ministerio de Consumo tiene recursos limitados, pero los vamos a poner todos en la mesa para asegurar que ninguna empresa esté por encima de la ley”, ha señalado.
En noviembre de 2023, la organización de consumidores denunció a Alquiler Seguro por imponer el pago de honorarios a los inquilinos, una práctica prohibida por la legislación vigente tras la entrada en vigor de la ley de vivienda. En concreto, según Facua, la compañía obligaba a los inquilinos a abonarles el equivalente a un mes de renta más el 21% de IVA, cobro que justificaban en la prestación de un “servicio de atención al arrendatario”.
“En el mercado de vivienda se ha impuesto la ley de la selva en los últimos años y hay indefensión de los inquilinos que violenta el derecho constitucional a una vivienda digna”, ha denunciado el ministro, que no se ha pronunciado acerca de la propuesta de sanción al estar abierto el procedimiento.
Seis infracciones “muy graves” y una “grave”
Pero las posibles prácticas ilegales no se quedarían ahí. En la resolución, que ha sido comunicada a Facua conforme a lo establecido en la ley —ya que la asociación figura como parte personada en el procedimiento—, el Ministerio “ha acreditado que Alquiler Seguro cometió seis infracciones calificadas como ‘muy graves’ y una como ‘grave’ en virtud de lo dispuesto por el Real Decreto Legislativo 1/2007, de 16 de noviembre”.
En concreto, Consumo ha propuesto la imposición de una multa de un millón de euros por un supuesto servicio de atención al inquilino, mediante el que se encubre el cobro de gastos que deberían ser asumidos por el propietario. Otra por similar importe (990.900 euros) por la obligación de contratar un seguro del hogar y otras tres infracciones muy graves (cada una de 500.000 euros) por imponer a los inquilinos cargos relacionados por posiciones deudoras y reclamaciones judiciales y por introducir una cláusula de autorización para la inclusión en ficheros de morosos y solvencia patrimonial. A ello se añade otra propuesta de sanción por limitar el derecho de desistimiento del contrato (100.001 euros).
La última de las infracciones es también la única de un rango inferior, al haber sido calificada como grave, y ha sido determinada con una propuesta de multa de 10.001 euros. Se trata de la imposición a los inquilinos del pago de un estudio de su solvencia económica.
En total, las sanciones ascienden a 3.600.902 euros. Según ha explicado Facua, deben ser valorada ahora por el secretario general de Consumo y Juego, Andrés Barragán, quien en los próximos meses tomará su decisión tras estudiar las posibles alegaciones de las partes.
Bustinduy confía en el diálogo con Junts
En la entrevista, el ministro de Consumo ha sido preguntado sobre otros temas de actualidad como la posible retirada del apoyo de Junts al Gobierno o el aniversario de la dana.
Sobre el primero, Bustinduy ha reconocido que afronta la decisión “con cierta confianza” y cree que “en cualquiera de los escenarios se impondrá el diálogo” porque “la alternativa parece difícil de imaginar” y “difícilmente sería más provechosa para los ciudadanos de Cataluña”. “Confío en que pueda seguir siendo así, más allá de que se escenifiquen las diferencias y que haya que redoblar los esfuerzos para profundizar en el diálogo, que es el músculo democrático”, ha dicho.
El titular de Consumo también se ha mostrado muy crítico con el presidente de la Generalitat Valenciana, Carlos Mazón, de quien ha dicho que “debería haber asumido responsabilidades y dimitir hace mucho tiempo”. “Y, si no quería hacerlo, el señor Feijóo tenía que haberle exigido que renunciara por un mínimo de decoro democrático y lo que exige una inmensa mayoría de derecha e izquierda”, ha insistido.
En su opinión, tanto con la dana como con la crisis de cribados de cáncer de mama en Andalucía, “lo único que consiguen con estas maniobras es que cada vez más gente se pregunte qué están intentando ocultar” y ha denunciado que “detrás” de estos movimientos “hay un modelo”: “degradar los servicios públicos constantemente porque así se engorda el negocio privado”.
Y, sobre la aprobación de la nueva ley de enjuiciamiento criminal, Bustinduy ha respaldado que la investigación penal de los casos judiciales quede en manos de los fiscales y no de los jueces pues bajo su punto de vista aportará “agilidad” a la justicia y “profundizará en la democratización del sistema judicial”.
