La nueva Ley de IA entra en vigor y exige a los empresarios una preparación inmediata

Un experto explica cómo calcular el riesgo de la IA para convertir la transparencia en una ventaja y evitar que el cumplimiento se convierta en un freno al crecimiento

El Congreso Nacional está debatiendo un proyecto de ley (PL 2338/2023) para regular el uso de la Inteligencia Artificial en Brasil. La inminencia de un marco legal suscita dudas entre los empresarios sobre si la ley será un freno a la innovación o una garantía de seguridad. Para Alexander Barros, especialista en IA y CEO de Chatvolt, una empresa a la vanguardia de la aplicación de la IA, la respuesta es categórica: la regulación es necesaria, pero debe centrarse en generar confianza. “La ausencia de normas claras crea inseguridad jurídica que, irónicamente, frena la inversión en tecnología”, señala.

Según el experto, Brasil necesita un marco legal que establezca límites éticos, proteja contra el sesgo algorítmico y, sobre todo, garantice la transparencia. “Sin esto, se socava la confianza de los consumidores e inversores. Una ley equilibrada no debe controlar la IA, sino orientar la responsabilidad y la gobernanza de su uso, especialmente en sistemas de alto riesgo”, explica.

El coste de la inercia supera el riesgo normativo

En la planificación estratégica, los empresarios deben aprender a calcular el riesgo de utilizar la IA desde la perspectiva de la nueva legislación. Barros sugiere un enfoque basado en el impacto, similar a lo que ya se hace en seguridad de datos.

“El empresario debe adoptar una mentalidad de riesgo basada en el impacto que la IA tiene en la vida del individuo. Si la IA toma decisiones que afectan fundamentalmente al cliente, como la aprobación de un crédito o el perfil de un seguro, el riesgo es alto, y la prioridad es la explicabilidad y la auditoría constante”, afirma. En la práctica, un sistema que selecciona currículos de forma automatizada o define diagnósticos de salud requiere un cuidado especial para evitar discriminaciones y errores fatales. Y subraya: “No pospongas la innovación por miedo a una multa”. El Coste Operativo de la Inercia (COI), que es la pérdida de competitividad por no adoptar la IA, es hoy un riesgo financiero mucho mayor que la multa potencial de una ley en ciernes. Esperar a que se apruebe la ley para actuar significa entregar el mercado a un competidor que ya está optimizando sus procesos”.

El cumplimiento es un diferenciador de marca

La preocupación por los costes de adaptación es natural, pero puede neutralizarse con planificación. Barros subraya que la clave está en convertir el cumplimiento y la ética en un atributo del producto y no en un coste operativo adicional. “Una empresa inteligente debe elegir plataformas de IA con gobernanza integrada, que nazcan pensando en la trazabilidad y la seguridad de los datos. De este modo se eliminan los futuros costes de reelaboración y adaptación”, afirma. Subraya que el ahorro generado por una automatización rápida y precisa, que libera personal para tareas estratégicas, “compensa el coste del cumplimiento”.

Además, la ley exigirá transparencia y capacidad de explicación. Para el ejecutivo, esto debe verse como una ventaja. “Si su agente de IA ha denegado una solicitud, la capacidad de explicar por qué, y no solo lo que decidió el algoritmo, genera credibilidad, incluso si la decisión es negativa. Una marca que puede demostrar la ética y la imparcialidad de sus herramientas gana un sello de confianza que mueve la aguja de la conversión y la retención.”

¿Qué hacer una vez aprobada la ley?

Barros es optimista sobre el impacto global de la regulación. “Una regulación equilibrada es un vector de atracción de capital. Una posible etiqueta brasileña de ‘IA responsable’ señala un entorno empresarial maduro. Nuestras soluciones de IA, nacidas en cumplimiento de normas éticas exigentes, se vuelven exportables al instante.”

Para prepararse, el CEO de Chatvolt señala la acción más urgente que debe tomarse al día siguiente de la aprobación de la ley: “La primera acción es nombrar un Comité de Gobernanza de IA interfuncional, que podría evolucionar en un Centro de Excelencia centrado en las mejores prácticas y herramientas de automatización. Este grupo debería reunir a líderes de Legal, Tecnología y Negocio para seguir un sencillo enfoque paso a paso: primero, mapear todos los sistemas de IA en uso; segundo, clasificar cada uno por el nivel de riesgo para el usuario; y tercero, priorizar las acciones de ajuste. Esto permite a la empresa seguir escalando sin infringir las nuevas normas”.

El Marco Legal para la Inteligencia Artificial (PL 2338/2023) se encuentra en fase avanzada en la Cámara de Diputados, tras haber sido aprobado por el Pleno del Senado Federal. El proyecto de ley será analizado por una Comisión Especial de la Cámara, donde parlamentarios y expertos debatirán los ajustes finales del texto, centrándose en el equilibrio entre la protección de los derechos y el fomento de la innovación. Tras esta fase, la propuesta pasará al Pleno de la Cámara para su votación y, si no sufre cambios sustanciales que obliguen a devolverla al Senado, será enviada al Presidente de la República para su sanción, convirtiéndose oficialmente en la ley que regirá el uso de la IA en el país.