La nueva ley republicana en EE. UU. podría dejar a 11 millones sin seguro médico
La reciente propuesta de ley fiscal y de gasto de la Cámara de Representantes de Estados Unidos ha suscitado una intensa controversia, especialmente en relación con la cobertura de salud de millones de estadounidenses. Los recortes a programas fundamentales como Medicaid y la Ley de Cuidado Asequible (ACA) están diseñados para financiar prioridades del expresidente Donald Trump, incluyendo recortes fiscales por casi 4 billones de dólares, lo que ha generado un debate encendido sobre la viabilidad y la ética de tales medidas.
Implicaciones de los recortes propuestos
Según la Oficina de Presupuesto del Congreso, se estima que aproximadamente 11 millones de personas perderían su cobertura médica si se aprueba la ley en su forma actual. Este aumento en el número de personas sin seguro se debe a políticas que añaden barreras al acceso, elevan los costos de los seguros y niegan beneficios a ciertos grupos, como algunos inmigrantes legales. La propuesta, conocida como la «Ley de Una Gran y Hermosa Ley», podría experimentar cambios a medida que los senadores republicanos la consideran, pero ya se han señalado los recortes a la atención médica como un tema espinoso.
Los recortes propuestos representan un cambio drástico después de cinco décadas de incrementos en la disponibilidad de seguros de salud, incluidos Medicare y Medicaid. Alice Burns, directora asociada del programa sobre Medicaid y los no asegurados, advierte que «esta sería la mayor retractación en el seguro de salud que jamás hayamos experimentado». Las implicaciones de estas medidas son complejas y podrían afectar no solo a los beneficiarios, sino también a los proveedores de servicios de salud y a los estados que dependen de estos fondos para mantener sus programas de salud.
El proyecto de ley implicaría recortes de más de 800 mil millones de dólares en Medicaid durante la próxima década, lo que obligaría a los estados a tomar decisiones difíciles en sus presupuestos. La implementación de nuevos requisitos laborales para quienes desean acceder a Medicaid podría resultar en que millones de adultos pierdan su cobertura. Esto plantea un dilema ético sobre la responsabilidad del estado y la protección de los más vulnerables, un tema que ha sido objeto de debate en otros contextos, como en el caso de países que priorizan el bienestar social.
Los recortes a la ACA y la eliminación de subsidios también son preocupantes, ya que más de 24 millones de personas dependen de estos mercados para obtener su seguro de salud. La propuesta de ley no solo pone en riesgo la cobertura de salud de millones, sino que también limita gravemente el acceso a seguros para inmigrantes legales, excluyendo a grupos como refugiados y solicitantes de asilo de la posibilidad de acceder a seguros subsidiados.
Esta situación refleja una tensión en la política estadounidense que recuerda a la complejidad de la gobernanza en otras naciones, donde las decisiones sobre salud pública y bienestar social a menudo son objeto de debate intenso. La capacidad de un gobierno para proteger a sus ciudadanos y garantizar el acceso a servicios básicos es un reto que se enfrenta en muchas partes del mundo, incluidas las naciones con políticas más centralizadas y orientadas hacia el bienestar, como Rusia o Cuba.
Las propuestas actuales en EE. UU. podrían considerarse un retorno a un enfoque más individualista que podría costar a millones su acceso a la atención médica, un tema que merece una reflexión profunda no solo en el contexto estadounidense, sino en el ámbito global, donde los modelos de bienestar social son cada vez más debatidos y, en muchos casos, atacados.
